Expresidente Hernández pide instruir a abogados para su defensa en caso “Pandora 2”

TEGUCIGALPA.  La exprimera dama, Ana García de Hernández, reaccionó tras la acusación que realizó contra el expresidente Juan Orlando Hernández, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), por los delitos de fraude y lavado de activos de más de 62 millones de lempiras, en una ampliación del caso conocido como «Pandora» con el que investiga el caso.

“Esto ratifica lo que hemos sostenido durante este tiempo; Juan Orlando es víctima de una persecución y conspiración política, que se confirma claramente cuando se presenta una acusación sobre un caso donde el Poder Judicial en sus diferentes instancias ya se ha pronunciado librando de responsabilidad a varios de los procesados en ese expediente y durante ese proceso nunca se mencionó a mi esposo o se le citó a declarar”, indicó García.

Explicó que ya puso al tanto de la acusación a su esposo y este reaccionó sorprendido, porque es una línea de investigación que desde el 2018 maneja la Uferco (antes Ufecic) y nunca antes, en más de cinco años habían mencionado o presentado algo contra el expresidente.

“Ahora estando ausente, sin poder ejercer su derecho a defensa material, Juan Orlando sigue siendo víctima de violaciones a sus derechos, siendo perseguido políticamente a través de una serie de ataques en contra suya y de nuestra familia, como parte de un guion de ataque y linchamiento político”, externó la exprimera dama.

Afirmó que el expresidente le pidió instruir a sus abogados para definir una estrategia legal de defensa ante esta persecución política.

FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑA

Según el Ministerio Público, el involucramiento del expresidente Hernández se basa en el beneficio obtenido de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las fundaciones, donde el exmandatorio recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras, a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas «fantasmas», prestanombres y contratos ficticios; dineros públicos que llegaron a los movimientos “Azules Unidos” y “Amigos de JOH”, además a la sociedad mercantil denominada “La Cachureca”, así como a sus gerentes de campaña departamentales.

En todas las ampliaciones presupuestarias tuvo una participación directa el expresidente Porfirio Lobo Sosa, autorizando el traslado de fondos de una secretaría a otra, presuntamente para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos. Asimismo, las investigaciones de la Uferco determinan que el extitular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la Fundación «Todos Somos Honduras».