Inversionistas estadounidenses temen que actual Ley fiscal sea remplazada por «estructuras vagamente definidas»

Inversionistas estadounidenses temen que actual Ley fiscal sea remplazada por «estructuras vagamente definidas»

 

 

TEGUCIGALPA. En un informe sobre el Clima de Negocios en Honduras, publicado por la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales de Estados Unidos, se plantea que aunque el país tiene muchas características atractivas para los inversores internacionales y nacionales, la incertidumbre es persistente, debido a las preocupaciones de seguridad, la corrupción, el Estado de Derecho inadecuado, la electricidad costosa y poco fiable, los problemas con las licencias y permisos, y el deterioro de la infraestructura.

Asimismo, el documento indica que muchos empresarios y dueños de negocios, incluida la empresa Próspera en Honduras, se quejan de la derogación del marco regulatorio que permite permisos temporales, como: “empleo por hora, eliminación de la infraestructura de adquisiciones públicas y políticas monetarias y cambiarias que han llevado a una escasez generalizada de dólares estadounidenses en una economía altamente dependiente de las importaciones”.

INVASIONES

De igual manera, reprocha que las invasiones armadas están cada vez más extendidas en todo Honduras.

Además de esto, destaca que las empresas hondureñas informan que continúan los problemas en el subsector eléctrico, ya que a muchas empresas nuevas se les niegan conexiones, debido a la escasez de electricidad, y un servicio confiable solo es posible a través de la generación privada.

LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA

El análisis explica que: «la Asamblea Nacional (Congreso Nacional) está debatiendo una ley fiscal que, de ser aprobada, eliminaría los incentivos fiscales existentes del país para nuevas inversiones, reemplazándolos por dos nuevas estructuras vagamente definidas».

Por otra parte, el estatus de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) de Honduras, continúa sin estar claro. En el marco legislativo ya no está en vigor, pero el marco constitucional sigue vigente, por lo que existe una ambigüedad.

 

“No existe un proceso oficial para la retención de inversiones ni diálogo con el Gobierno sobre el mantenimiento de las inversiones existentes en Honduras”, cuestiona el informe, entre otros aspectos.

 

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