Más de 3,000 mujeres presentaron quejas de desplazamiento forzado por violencia

TEGUCIGALPA. Al menos 3 mil 834 mujeres denunciaron ser víctimas de la violencia de género en los últimos 8 años (2026-2023), estar en riesgo o ser víctima de desplazamiento forzado, al ser objeto de amenazas, asesinato de miembros de su familia, atentados y extorsiones.
Lo anterior fue dado a conocer por las autoridades del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que, de acuerdo al estatal, la violencia de género es una de las principales causas de desplazamiento forzado en este país.
Blanca Izaguirre, titular del Conadeh, explicó que el alto número de quejas atendido, es por violencia doméstica, intrafamiliar, sexual y femicidios, es una prueba irrefutable de un sistema de convivencia marcado por el maltrato, hostigamiento, discriminación y la privación de la vida en contra de las mujeres.
En los ochos años, objeto de análisis, el Conadeh atendió 3 mil 834 quejas de mujeres, de las cuales, en el 38 % de los casos admitió ser víctimas de desplazamiento forzado mientras que el 62 % restante que estaban en riesgo y que su integridad física y su vida estaba en peligro.
De acuerdo con las denuncias atendidas por el Conadeh, los departamentos que presentan el mayor riesgo de desplazamiento, para las mujeres, son Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Choluteca y Gracias a Dios.
La defensora de los derechos humanos indicó que las mujeres víctimas de la violencia se encuentran, muchas veces, en un callejón sin salida, debido a que los esfuerzos del Estado, en materia de seguridad y justicia, no son suficientes para prevenir y erradicar la discriminación y la violencia en contra de ellas.
«Hay casos donde se vulneran los derechos de acceso a la justicia, cuando los mismos órganos correspondientes, creados para hacer cumplir la ley y brindar seguridad a los ciudadanos, restan importancia y desestiman las denuncias interpuestas por las mujeres».
El desplazamiento forzado, una de las modalidades violatorias de los derechos humanos que crece año con año, fue reconocido por el Estado hondureño en el 2013 y fue hasta abril de 2023 que se creó la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente.