MP presenta requerimiento contra cinco exdiputados junto dos particulares y capturan a tres por millonario fraude en el CN

TEGUCIGALPA. El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), presentó ayer a tempranas horas un requerimiento fiscal por un fraude millonario que involucra a cinco exdiputados del Congreso Nacional, tres de ellos que fungieron en su cargo en el período de 2006-2014 y los dos restantes de 2010-2014, quienes son investigados por el “Caso Red de Diputados”.

Ante el requerimiento, las autoridades policiales ejecutaron el arresto en el departamento de El Paraíso de la exdiputada nacionalista, Sara Ismela Medina Galo; mientras que, al exdiputado suplente del mismo partido, Carlos Roberto Guevara Velásquez (52), lo apresaron en el departamento de Copán. También les presentaron requerimiento a los exdiputados Miguel Ángel Gámez (diputado 2006-2014), Gladys Bernarda Casco Cruz (diputada propietaria 2006-014).

La exdiputada Medina Galo es la esposa del comisionado de la Policía Nacional, en condición de retiro, Héctor Iván Mejía Velásquez, a quien, en enero pasado, el Ministerio Público, como parte de la “Operación Poseidón”, le incautó al exfuncionario, 13 propiedades, tanto inmuebles como muebles, así como productos financieros, para investigar un presunto «incremento patrimonial injustificado».

La acusación incluye a dos personas más que tuvieron presunta participación como cooperadores necesarios para el delito de fraude, identificadas como José Rogelio Sánchez García, ya detenido, quien actualmente labora como secretario general en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y Geovanny Castellanos Deras (50), quienes presuntamente se confabularon con los congresistas para drenar más de 42 millones de lempiras (L42,500,000.00) de las arcas del Congreso Nacional, a través de una organización no gubernamental, denominada Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH).

De acuerdo con el requerimiento, las gestiones eran realizadas por diputados, a través del Fondo de Desarrollo Departamental, para la ejecución de proyectos sociales a través de oenegés, no obstante, una vez hechos los desembolsos, los recursos eran supuestamente trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados que tramitaron los mismos; además, de otros diputados y particulares que los utilizaban en asuntos distintos para los que estaban predestinados.

Asimismo, efectuaron gestiones de subsidios otorgados de forma irregular a varios exparlamentarios, también mediante el uso del Fondo de Desarrollo Departamental, siempre bajo la justificación de la ejecución de proyectos u obras de desarrollo social, mismos que debieron ser presentados con el perfil de los planes a desarrollarse, lo que no ocurrió.

El origen y giro de los fondos provino de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta de banco de la AJOPADIH y las mismas se acreditaron en un período de seis meses.

Se detectó que uno de los imputados que cumplió su rol como cooperador necesario, registró su firma en las cuentas que eran parte de la oenegé y se autoacreditó 28 millones de lempiras y a su vez hizo depósitos a 26 cuentas particulares, entre ellas, las de los exdiputados acusados, mientras tanto el dinero restante fue trasladado a terceros sin ninguna justificación.
El titular de la Uferco, Luis Javier Santos, explicó que el requerimiento tiene incluso a ocho imputados, a quienes el tribunal los citó, a excepción del expresidente Juan Orlando Hernández, quien guarda prisión en el extranjero, pero contra los otros siete se giró la respectiva citación.

Santos no descartó la detención judicial contra los ahora imputados, entre otro planteamiento de medidas. “Este caso que se investiga desde el año 2017 -red de diputados- se ha concluido una línea de investigación y se ha presentado a los tribunales. El caso ha estado en investigación, pero no teníamos suficientes personas para que sacaran los casos de forma ágil” confesó el operador de justicia.

El funcionario del ente acusador tampoco vio lejos que estén involucrados actuales congresistas, “en toda la línea del caso de red de diputados, siempre van aparecer diputados actuales o exdiputados, por que quienes manejaron el Fondo Departamental, fueron personas que formaron parte del CN”.

EXDIPUTADO
Tras su arresto, el exdiputado Guevara Velásquez, dijo que “el que nada debe, nada teme” y que él fue funcionario hace 12 años y que no debe nada a nadie.
“Hasta el momento desconozco el motivo por el cual estoy siendo capturado, pero me someteré a la justicia, el que nada debe, nada teme”.

ANTECEDENTES
El 9 de febrero de 2016, varios diputados del Congreso Nacional, interpusieron denuncia ante el Ministerio Público, para que se investigara la
gestión de subsidios otorgados de forma irregular a varios parlamentarios a través de Organizaciones No Gubernamentales; fondos destinados para la ejecución de proyectos u obras de desarrollo social, mismos que fueron tramitados por medio del CN y el Poder Ejecutivo, los cuales fueron a parar a bancos privados en cuentas personales de diputados y diputadas de los diferentes partidos, para lo cual, debió exigirse para su asignación al menos, el perfil de los proyectos a ejecutar, y una vez finalizados, la
liquidación y auditoría del dinero invertido, proveniente de fondos públicos, aprobados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

Además: El portavoz del Ministerio Público, Carlos Morazán, informó que en este caso se reportan personas detenidas y que serán presentadas a la audiencia de imputado.