MP presenta requerimiento fiscal contra juez ejecutor que ordenó cierre de denuncia por supuestos actos de corrupción en Infop

TEGUCIGALPA. El Ministerio Publico (MP) a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEEFSSJ), presentó requerimiento fiscal contra del juez ejecutor, Edgardo Enrique Rivera Argueta, acusado por los presuntos delitos de prevaricato judicial y falsificación de documentos públicos en perjuicio de la administración de la justicia y la fe pública del Estado de Honduras.

Según lo investigado por la Fiscalía, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció del recurso de amparo número SCO-0937-2016, interpuesto el 10 de octubre de 2016 por el abogado Walter Enrique Pineda Paredes, a favor del señor José Olivio Rodríguez Vásquez contra actuaciones del MP, relacionadas con una solicitud de nombramiento y juramentación de peritos presentada por el ente acusador ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial, de este término.

Tal solicitud tenía el propósito de analizar, verificar y dictaminar uno de los documentos proporcionados por el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en relación a una causa que fue denunciada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en contra de Ángel Armando Cerrato, Magaly Bustillo Streber, José Antonio Elvir Vásquez y José Olivio Rodríguez, este último ostentaba en su momento la calidad de alto funcionario del Estado por ser magistrado de la CSJ.

La Sala de lo Constitucional del Poder Judicial declaró con lugar en fecha 22 de noviembre de 2018, la acción de amparo presentada, por considerar la vulneración de la garantía del debido proceso establecida en el artículo 90 de la Constitución de la República y la aclaración de sentencia, el 5 de febrero de 2020, pero en ningún momento ordena al MP proceda al cierre de la denuncia, tal como lo ordenó el ahora imputado a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) en fecha 24 de octubre de 2023.

Según el criterio fiscal, la actuación del juez ejecutor Rivera Argueta, al ordenar el cierre del expediente de forma imperativa es un exceso que extralimita las facultades encomendadas a él, en las sentencias relacionadas y que están debidamente descritas en la relación de hechos del requerimiento fiscal recientemente presentado.

Del análisis de la sentencia de amparo y su aclaración, los fiscales aseveran que “la sala se refiere en su sentencia a cuestiones de competencia, determinando que le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas la investigación de los delitos referidos en la investigación del MP; así mismo no seguirse el procedimiento para altos funcionarios del Estado, pero en ningún punto se refiere a que se cierre la denuncia contra los investigados, José Olivio Rodríguez Vásquez, David Guillermo Chávez Madison, Mario Alejandro Calderón Maldonado y Ángel Armando Aguiriano Cerrato, entre otros, por haber suscrito un contrato millonario con el que se defraudó al Estado de Honduras”.