Presidente del CPH: «El 90 % de las muertes de periodistas en Honduras queda impune»

TEGUCIGALPA. En los últimos años, alrededor de 100 personas relacionadas con los medios de comunicación han sido asesinadas en Honduras, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). En ese sentido, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Osman Reyes, reveló que esta cifra refleja una realidad sombría, donde los periodistas enfrentan una muerte violenta y sus casos quedan sin resolver, lo que constituye un problema grave en la nación.

«Tenemos una tasa de impunidad del 90 %, es decir, aquí los periodistas son asesinados y sus muertes quedan impunes», manifestó Reyes.

El titular del CPH, también destacó otros desafíos que enfrentan los periodistas en Honduras, como los delitos contra el honor, que representan una amenaza constante para el ejercicio de la profesión. Explicó que los periodistas enfrentan amenazas legales como respuesta a su labor investigativa, donde la injuria, la calumnia y la difamación son utilizadas como armas para intimidar.

En cuanto a la seguridad de los periodistas, el presidente del CPH informó sobre un caso particularmente preocupante: un colega periodista y su familia se vieron obligados a buscar asilo político en Estados Unidos, debido a la falta de respuesta del Estado hondureño ante la grave situación de seguridad que enfrentaba. Según el relato, el periodista había sido objeto de extorsión, y cuando se negó a pagar, su casa fue atacada y saqueada por delincuentes, sin que las autoridades intervinieran.

Además de los desafíos tradicionales,
Osman Reyes señaló las nuevas amenazas que enfrenta la profesión periodística en la era digital. En particular, resaltó el problema de la desinformación, señalando que la difusión de noticias falsas a través de plataformas digitales y programas especializados está erosionando la reputación de los medios de comunicación y la credibilidad de los periodistas.

Afirmó que estas campañas de desinformación suelen ser orquestadas por personas de distintos sectores, incluso altos funcionarios del Gobierno, y se basan en estrategias elaboradas y programas diseñados para generar y difundir contenido falso con el objetivo de desacreditar a aquellos periodistas que cuestionan las injusticias.