Sector privado afirma que hay un vicio de ilegalidad en la adhesión al CAF

Sector privado afirma que hay un vicio de ilegalidad en la adhesión al CAF

TEGUCIGALPA. El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Rafael Jerez, manifestó que en la aprobación para la adhesión de Honduras con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), hubo una trasgresión de la función parlamentaria, porque la sanción presidencial se dio antes que se sometiera a votación el acta en el Congreso Nacional.

“El proyecto de adhesión al CAF fue aprobado en tercer y último debate el 16 de mayo; sin embargo, la sanción presidencial ocurrió el 29 de mayo y posteriormente el 12 de julio se sometió a votación el acta, la cual no se aprobó”, explicó Jerez.

Comentó que la adhesión al CAF solo adquiere validez con las disposiciones que establece la Constitución de la República y esta dice que tres días después de aprobado se tiene que enviar al Poder Ejecutivo.

“No hay constancia de que esos tres días se cumplieron, porque la sanción presidencial vino antes que el Congreso Nacional decidiera someter el acta a aprobación”, comentó.

Asimismo, señaló que en el 2019 se hizo una reforma en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para incluir la figura de inmunidad parlamentaria que ha sido cuestionada.

INCONSTITUCIONALIDAD

Comentó que “la salida a ese escenario es una acción de inconstitucionalidad, porque es la única acción que la misma Ley Orgánica permite que se pueda interponer en contra de la función parlamentaria”.

Por su parte, el también asesor legal del Cohep, Gustavo Solórzano, consideró que existe un vicio de legalidad en el proceso de aprobación, sanción y publicación de la adhesión.

Señaló que lo único que cabe, es la acción de inconstitucionalidad.

Argumentó que no están en contra del CAF y que están a favor de tener más organismos multilaterales que puedan generar más recursos a Honduras, siempre y cuando se analice el financiamiento de esos préstamos.

ADEMÁS

“La inmunidad parlamentaria buscaba que los diputados por sus acciones no tuvieran ningún tipo de responsabilidad penal”, expresó Solórzano.