Un 99 % de los extorsionadores no llega a ser sentenciado
Un informe de la ASJ indica que más de 280,000 hogares han sido víctimas de extorsión.
TEGUCIGALPA. Hasta mayo de 2024, apenas un 3 por ciento de las denuncias interpuestas por víctimas de extorsión, han terminado en una sentencia condenatoria contra los implicados, reveló ayer la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en el marco del seguimiento a las acciones implementadas por el Gobierno hondureño contra el flagelo.
Los resultados se muestran en el Monitor de Impacto de la Extorsión en Honduras, diseñado por la ASJ, para proporcionar un seguimiento continuo de los resultados obtenidos por el Sistema de Justicia Penal en el combate contra la extorsión.
El monitor indica que, desde diciembre de 2022, cuando se declaró el estado de excepción realizado por el Gobierno hondureño con el objetivo de combatir la extorsión con mayor contundencia, han transcurrido 596 días; sin embargo, con 283,952 hogares que han sido víctimas de extorsión, según una encuesta efectuada por ASJ en 2023.
De enero a mayo, 891 denuncias fueron interpuestas ante la Policía Nacional, pero solo se reportan 484 detenciones y apenas 27 casos han terminado en una condena contra los acusados ante los juzgados correspondientes.
La herramienta digital muestra un índice de impunidad en extorsión de 99 por ciento, considerando las variables del número estimado de hogares víctimas de la extorsión y el número de sentencias condenatorias reportadas por el Poder Judicial. No obstante, considerando únicamente los datos oficiales presentados por las instituciones del Sistema de Justicia Penal, con el número de denuncias registradas y el número de sentencias condenatorias, el índice de impunidad por extorsión es de 97 %, porcentaje que no está alejado de la percepción de la ciudadanía.
Desde la sociedad civil organizada, ASJ mantiene este monitoreo permanente de las estrategias implementadas por las instancias de seguridad y justicia para combatir el delito de la extorsión, para que se ejecuten en el marco de la ley, sin la necesidad de continuar con modelos de seguridad que limitan derechos humanos y garantías constitucionales de la ciudadanía como el estado de excepción.
